La reciente aprobación del Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, marca un hito en la evolución del marco regulatorio guatemalteco. Si bien algunos análisis han presentado esta normativa como una nueva ley, en realidad se trata de una actualización y consolidación de la regulación existente. La legislación deroga la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (Decreto 67-2001) y