Guatemala actualiza su regulación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo: implicaciones para las empresas guatemaltecas.
- Licenciado Eduardo Nuñez
- 10 jun
- 3 min de lectura
La reciente aprobación del Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, marca un hito en la evolución del marco regulatorio guatemalteco.
Si bien algunos análisis han presentado esta normativa como una nueva ley, en realidad se trata de una actualización y consolidación de la regulación existente. La legislación deroga la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (Decreto 67-2001) y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo (Decreto 58-2005), integrándolas en un solo cuerpo normativo alineado con las recomendaciones internacionales más recientes.
La reforma también incorpora disposiciones relacionadas con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y realiza modificaciones a otras normativas relevantes, incluyendo el Código de Comercio, la Ley Contra la Delincuencia Organizada, la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y el Código de Notariado.
¿Por qué era necesaria esta actualización?
Durante más de dos décadas, Guatemala operó bajo dos normativas independientes para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, la evolución de los riesgos financieros, la transformación de los modelos de negocio y los estándares promovidos por organismos internacionales hicieron necesaria una actualización integral. La nueva legislación busca fortalecer la capacidad de prevención, supervisión e investigación, así como garantizar que el país mantenga un marco regulatorio acorde con las mejores prácticas internacionales.
Principales cambios que incorpora la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Unificación normativa
La nueva legislación concentra en un único instrumento legal las disposiciones relacionadas con la prevención y represión del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Esto permite una mayor coherencia regulatoria y facilita la aplicación de obligaciones de cumplimiento bajo un enfoque uniforme.
Enfoque basado en riesgos
Uno de los pilares de la nueva ley es el fortalecimiento de la gestión de riesgos. Las empresas deberán reforzar los mecanismos para identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados a clientes, operaciones, terceros y estructuras corporativas.
Ampliación de sujetos obligados
La normativa amplía el alcance de las actividades sujetas a obligaciones de prevención y supervisión.
Entre ellas destacan:
Promoción e intermediación inmobiliaria.
Compraventa de bienes inmuebles.
Comercialización de vehículos terrestres, marítimos y aéreos.
Comercio de joyas, metales preciosos, antigüedades y obras de arte.
Profesionales independientes que prestan servicios jurídicos, económicos, contables y de auditoría en determinadas operaciones.
Regulación de Personas Expuestas Políticamente (PEP)
La ley incorpora disposiciones específicas para la identificación y monitoreo de Personas Expuestas Políticamente (PEP), incluyendo determinados familiares y asociados cercanos.
Estas medidas buscan fortalecer los procesos de debida diligencia y gestión de riesgos.
Fortalecimiento de sanciones
La legislación mantiene la autonomía del delito de lavado de dinero y establece sanciones severas para quienes participen en actividades relacionadas con la criminalidad financiera. Asimismo, incorpora disposiciones más robustas para combatir el financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados.
La evaluación GAFILAT 2027: un factor clave
Uno de los elementos que impulsó la actualización normativa es la próxima evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en febrero de 2027. Dicha evaluación analizará tanto el marco legal como la efectividad de las medidas implementadas por Guatemala para prevenir y combatir los delitos financieros.
Contar con una legislación moderna y alineada con estándares internacionales contribuye a fortalecer la confianza de inversionistas, entidades financieras y organismos internacionales.
¿Qué deberían hacer las organizaciones?
Más allá de las obligaciones específicas que puedan surgir de la reglamentación complementaria, este es un momento oportuno para que las empresas revisen:
Programas de cumplimiento.
Políticas de conocimiento del cliente.
Procedimientos de debida diligencia.
Matrices de riesgo.
Controles internos.
Procesos de monitoreo y documentación.
Programas de capacitación para colaboradores.
La preparación anticipada permitirá responder de manera más eficiente a los nuevos requerimientos regulatorios y fortalecer la cultura de cumplimiento dentro de las organizaciones.
Más allá del cumplimiento normativo
La aprobación del Decreto 15-2026 no representa únicamente una actualización legal. También refleja la importancia creciente que tienen la transparencia, la gestión de riesgos y el gobierno corporativo en la sostenibilidad de las empresas guatemaltecas.
Para las empresas, el desafío será transformar las exigencias regulatorias en oportunidades para fortalecer sus procesos, proteger su reputación y generar mayor confianza entre clientes, inversionistas y demás grupos de interés.
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